Modificar impuesto ecológico bananero . 20/9/2003
Por. Alexander Bonilla D.
La promulgación de la Ley Corbana en 1990 creo un impuesto ecológico
en el sector bananero. Se pagaría un colón con cincuenta por cada
caja de banano exportada. La mitad de este impuesto iría al Ministerio
de Salud, supuestamente para el control ambiental en áreas bananeras.
Esto no se ha cumplido pues la plata se ha usado como Caja Chica del Ministerio,para
otros usos a los establecidos en la Ley (Informe de la Contraloría).
Desde 1990 hasta el 2003 ese impuesto ha generado 1.626 millones de colones(registros
Corbana), de los cuales le tocaron al Ministerio de Salud unos 718 millones.
El resto le quedaron al CITA de la U.de CR, a los Centros Agrícolas Cantonales
de la Región de Limón, y a la U. de CR de Limón.
Hemos dicho que ese impuesto debe redistribuirse . Por eso apoyamos la propuesta
para que un porcentaje se use en procesos de certificación ISO 14001
y EUREPGAP a fincas bananeras independientes y en el manejo seguro de plaguicidas
( para controlar y evitar matanzas de peces periódicas). También
estamos de acuerdo en que otra parte se entregue al MINAE para programas de
educación y reforestación en las zonas bananeras ( pero en forma
directa a las áreas de conservación).
Particularmente creemos que esos fondos deberían usarse además
en la compra de laboratorios móviles y controlar las periódicas
contaminaciones que se dan en los ríos . De esta manera se podría
detectar la culpabilidad real de los que provocan matanza de peces.
Respaldamos al Ministro de Ambiente en la propuesta de redistribución
de este impuesto bananero, aceptado y respaldado por los propios bananeros .
Solicitamos a la Ministra de Salud acuerpar esta redistribución; lo mismo
que a los señores Diputados limonenses.
Del resto de los dineros que no van al Ministerio de Salud, debería pedirse
una auditoría para ver si han cumplido con la razón de ser del
impuesto, si se ha administrado correctamente. Caso contrario , mejor sería
que los Diputados Limonenses propongan una modificación de la Ley Corbana
para que esos recursos millonarios lleguen en forma directa a las comunidades
del Atlántico para mejorar el control ambiental de en la actividad bananera.